El Gobierno australiano anunció que estudia una nueva legislación antiterrorista que permitiría a las empresas de servicios críticos para la economía leer el correo electrónico de sus empleados.

Un supuesto ataque contra los sistemas operativos de la bolsa o contra la red eléctrica “causaría un daño económico mucho mayor que un atentado terrorista físico”, afirmó el fiscal general del Estado, Robert McClelland.

La propuesta ha sido muy criticada por los defensores de las libertades civiles, quienes afirman que podría ser utilizada con malicia por los empresarios contra sus trabajadores

“Lo que nos preocupa es que puedan utilizar (estos poderes) para escuchar a escondidas y para hacer cazas de brujas empresariales, más que para proteger Australia de un ataque cibernético”, según dice Dale Clapperton, presidente de “Electronic Frontiers Australia”, que defiende los derechos de los usuarios de Internet.

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